Los partidos de extrema derecha deben ilegalizarse

“Yo entiendo a Hitler aunque comprendo que hizo cosas equivocadas”. Estas son las palabras que pronunció el cineasta danés Lars von Trier durante la conferencia de prensa del Festival de Cannes de mayo de este año. Declaración que llevó a la organización del Festival de cine a considerarle persona “non grata” por utilizar el festival para hacer “declaraciones inaceptables, intolerantes, contrarias a los ideales de humanidad y generosidad que forman parte del espíritu del Festival”, según dicha organización.
Sin embargo, el artículo 19 de la Declaración Universal de la Derechos Humanos sostiene que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones”. El cineasta se disculpó por sus palabras y señaló en una entrevista en el periódico israelí Haaretz que “como persona y artista es capaz de imaginarse en la situación en la que los nazis se encontraron”.
Ahora bien, ¿cómo dibujar la frontera entre la libertad de expresión y la discriminación? Lo primero es diferenciar entre la libertad de expresión a título personal e individual y la opinión que corresponde a un partido político o a una organización. Es precisamente esta sútil diferencia la que debe tenerse en cuenta. No es lo mismo que un individuo anónimo cuestione el holocausto a que lo cuestione un político porque el impacto y la incidencia del político en la sociedad es mucho mayor. Por eso debe existir un mecanismo eficaz que regule y condene los discursos racistas y discriminatorios para que discursos como el que pronunció Duran i Lleida durante una entrevista concedida a Los desayunos de TVE: “me preocupa que nazcan más Mohameds que Jordis” no queden impunes.
El fiscal especial de delitos contra el odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, señaló en una entrevista online en El País que bajo ningún concepto se puede permitir que la libertad de expresión encierre discursos discriminatorios por razones de raza, origen, orientación sexual o culto. Sin embargo siguen existiendo partidos políticos que detrás de su legalidad esconden hostilidad y odio hacia otros grupos. Según Aguilar, “sólo es delito: difunfir mensajes o discursos entre la población que objetivamente pongan en peligro a personas o colectivos por motivos discriminatorios”.
Recordemos que el lema de Plataforma per Catalunya es :“Primer els de casa”. Está claro que su líder, Josep Anglada, no está a favor de la igualdad. Y lo dice sin tapujos en una entrevista para El Mundo: "Un moro siempre será un moro. En Vic, en Catalunya, en China o en Japón. Nunca será español ni catalán". Definitivamente, partidos políticos con una ideología de extrema derecha y cuyos líderes discriminan a un colectivo de la sociedad en particular deben ser ilegalizados. No se puede incitar al odio de un grupo alegando que es libertad de expresión.