Incomprensible

 

“Piden 16 años para el padre de una de las niñas de Alcàsser por calumniar a jueces”. Los medios de hoy informaban de este hecho; información que me ha hecho reaccionar. El caso es que Fernando García, padre de Miriam, una de las tres niñas de Alcàsser asesinadas en 1992, se enfrenta a una pena de 16 años de cárcel por descalificar e injuriar al fiscal, a los forenses y a los tres magistrados del tribunal en un programa de Canal Nou (televisión pública valenciana). El juicio por calumnias e injurias se celebrará el próximo lunes 17 de noviembre. Juicio en el que no están exentos de condena, su abogado Juan Ignacio Blanco, la presentadora Amalia Garrigós del programa emitido por Canal Nou y el director de esta televisión pública, Ferrán Pérez, para quienes el fiscal pide sendas penas de 4 años de prisión.  ¿Acaso no es normal que el padre de una de las niñas pida justicia por el crimen?

  Cierto es que Fernando García tachó el juicio del triple asesinato, en el programa titulado “El juicio de Alcàsser”, como “un circo basado en un sumario hecho de errores”. Acusó, además, a los forenses de no haber sido rigurosos en su trabajo, tratándolos de “ineptos”; y asegurando que habían “hecho cosas delictivas”.  Ahora bien, ¿cómo debería reaccionar un padre que ve que hay unas pruebas que no son investigadas a fondo para resolver el caso? Así es, demasiadas casualidades para una “versión oficial”. Tras la desaparición de las tres adolescentes de entre catorce y quince años se hizo una investigación que no llevó a nada. Pero el 27 de enero del 2009 se encontraron los cuerpos semienterrados de las tres niñas en un paraje de difícil acceso, conocido como “La Romana” (Valencia). Esa misma noche se detenía a dos sospechosos, Miguel Ricart y Antonio Anglès, éste último, sin embargo, escapó de la policía. Aún hoy sigue en paradero desconocido. En marzo del 93, en base a las supuestas confesiones del único detenido, Miguel Ricart, se fundamentó que no había más sospechosos del triple asesinato. Entonces, ¿cómo se explica la información que revela la segunda autopsia y los análisis de ADN de los pelos púbicos? Luis Frontela, de la cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Sevilla confirmó tras la segunda autopsia que las niñas fueron sometidas a torturas inimaginables, y que al menos siete personas intervinieron en las violaciones y torturas. Y Ángel Carracedo, director del conocido Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Santiago de Compostela aseguró que ninguno de los pelos púbicos hayados  pertenecía a Miguel Ricart. Lo sorprendente de la historia es que pese a tener esta información, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Enrique Beltrán, ocultó los datos –muy relevantes en el juicio- a favor de la versión de los forenses “oficiales”. ¿Por qué el Tribunal Supremo, poco después, dio cerrado el caso para la Justicia cuando siempre ha aceptado los análisis de AND como válidos para continuar con las investigaciones? ¿Es, pues, condenable el hecho de que el padre de una de la niñas quiera saber el porqué de las mentiras? Acaso, ¿no es natural –propio del ser humano- que este hombre sienta rabia contra los jueces y los fiscales que han cerrado el caso sin investigar más profundamente? En mi opinión, es totalmente comprensible que un hombre quiera descubrir lo que realmente le ha ocurrido a su hija, y por lo tanto, quienes son los culpables de su muerte. Si el hombre ve como su esfuerzo por saber la “verdad” es aniquilado frente a las teorías de la justicia española, es justificable que quiera arremeter contra los jueces que han llevado el caso.

 Parte de la opinión pública considera que Fernando García, padre de Miriam, ha intentado lucrarse por ir a algunas televisiones a denunciar lo que había pasado en las investigaciones y en el juicio. Pero, ¿realmente creen que ha ido a ciertos programas televisivos con el fin de ganar dinero? O, por lo contrario, ¿es una forma de luchar contra la Justicia dando a concocer a los españoles las irregularidades del caso?

  Ahora sólo queda esperar el juicio, y sobre todo, esperar que la Justicia sea justa y democrática. Porque una ley que condena a un año a un maltratador y condena a 16 años a un padre que lucha por la verdad, no es una ley justa.